Hermosillo, Sonora; 15 de diciembre de 2023.- El fortalecimiento de la seguridad escolar en los planteles educativos del estado y, en consecuencia, el derecho humano a la educación de niñas, niños y adolescentes, tienen por objeto las reformas y adiciones aprobadas por unanimidad a la Ley de Seguridad Escolar en el Congreso de Sonora, que este día clausuró su primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio constitucional.
La diputada Ernestina Castro Valenzuela (Morena), impulsora de la iniciativa, expuso que la Secretaría de Educación y Cultura tendrá la obligación de coordinarse con autoridades en materia de seguridad escolar para emitir lineamientos y/o protocolos de actuación para la práctica de las revisiones a las pertenencias de los estudiantes, que actualmente ordena la ley, para detectar la posesión de estupefacientes, armas o demás sustancias u objetos prohibidos en el interior de los centros escolares.
Agregó que así se dará certeza sobre la manera correcta en la que deben conducirse las autoridades escolares que lleven a cabo dichas revisiones, sin que incurran en una trasgresión a los derechos del alumnado o de cualquier otro miembro de la comunidad escolar, a efecto de que dicha práctica sea adoptada de manera cotidiana como parte de una cultura de la prevención.
Además, se incorporan como autoridades en materia de seguridad escolar el procurador
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado y la secretaria ejecutiva de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, quienes sustituirán a la Fiscalía General de Justicia del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública, respectivamente.
A la par de este decreto, también se aprobó otro que adiciona el Código Penal del Estado de Sonora para que, en los casos de feminicidio, no se apliquen las causales de excepción del delito de encubrimiento a los familiares de los victimarios de mujeres que les ayuden a evadirse para enfrentar el proceso penal correspondiente.
El origen de la iniciativa presentada por la diputada María Jesús Castro Urquijo (Morena) se deriva del caso del feminicidio de Monserrat Bendimes Roldán, joven veracruzana que fue presuntamente atacada por su pareja en 2021 y falleció a causa de traumatismo craneoencefálico, mientras que su victimario evadió la justicia auxiliado por sus padres.
La propuesta de la legisladora fue sometida a un ejercicio de Parlamento Abierto con la participación de especialistas en la materia y autoridades del ámbito jurídico, para quedar en la adición de un párrafo tercero al Artículo 329 del Código Penal: “No se aplicarán los supuestos de excepción señalados en el párrafo anterior, cuando se trata de cualquier tipo de encubrimiento relacionado con los delitos de feminicidio, homicidio y homicidio infantil”.
Por otra
parte, la Comisión de Desarrollo Urbano, a través de la diputada Elia Sahara Sallard Hernández (Morena), presentó el dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Sonora y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.
El proyecto propone que, para evitar afectaciones presupuestales en los casos de incumplimiento por parte de alguna dependencia o entidad pública, ya sea por falta de pagos respecto de algún servicio contratado, o por la ejecución de trabajos de obras públicas o servicios, los entes públicos morosos paguen gastos financieros conforme a una tasa igual al seis por ciento anual, para sustituir las disposiciones actuales en las que se determina que a dichos pagos les aplicará una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado.
La asamblea también aprobó la solicitud de renuncia al cargo de regidor propietario del Ayuntamiento de Rosario, Sonora, al ciudadano Joel Iván Arenas Valenzuela, con efectos a partir de esta aprobación, por lo que el resolutivo se hará del conocimiento del ciudadano Juan Carlos Habas González, regidor suplente, para que acuda a rendir la protesta de ley.
Enseguida se aprobó el decreto que clausura el primer periodo de sesiones ordinarias y se entonó el Himno Nacional.